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Los puertos brasileños necesitan modernizarse

editor | 22 Abril del 2013
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Autor imagen: MarcoTrade

A fines del pasado año, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, anunció una nueva disposición en materia portuaria: la medida provisoria (MP) 595, que  incorpora cambios en el marco normativo y operativo de los puertos brasileños.

La norma, que al día de hoy ya cuenta con 645 enmiendas, apunta a habilitar nuevos puertos sin la exigencia de contar con carga propia y vuelve a licitar aquellas terminales con contratos anteriores a la ley de puertos brasileña N° 8630, de 1993.

“Los puertos brasileños son responsables por 95% del flujo de comercio exterior del país, lo que demuestra una importancia muy grande en la cadena logística. Más eficiencia en puertos hará más competitivas nuestras exportaciones, lo cual permitirá más producción, más empleo y más crecimiento”, dijo Rousseff.

Brasil es el mayor exportador mundial de alimentos y de minerales, pero sus deficiencias en infraestructura son señaladas por empresarios como una barrera para la competitividad del país.

Además, el mayor problema oficial es que bajo la órbita pública, el sistema portuario brasileño tiene una capacidad operativa de 370 millones de toneladas y una demanda actual de 318 millones.

A principios de marzo, el ministro de la Secretaría Especial de Puertos, Leônidas Cristino, anunciaba que para 2015 la capacidad de los puertos brasileros no podrá satisfacer más la , que evoluciona cada año.

De aquí a dos años, se proyecta un movimiento de 373 millones de toneladas, (3 millones más de la capacidad que hoy disponen). Evaluando la evolución del movimiento portuario, el  estima que el déficit, en 2030, alcanzará las 487 millones de toneladas.

Según el ministro, lo que se intenta con la MP es tornar a los puertos públicos, administrados por el gobierno federal, más competitivos, abriendo frentes de concesión de servicios portuarios a la iniciativa privada para, de esa forma, llegar a una reducción de los costos de la actividad. Además, se suma el objetivo de incrementar las  en el sector.

Los números presentados por Leônidas Cristino y por la jefa del gabinete de ministros de Brasi, Gleisi Hoffmann, muestran que cada contenedor movido en el puerto de Santos tiene un costo de USD 360. Ese valor es un 47% mayor que el correspondiente al puerto de Rótterdam, en Holanda. En Hamburgo, Alemania, el costo de movimiento de cada contenedor es de USD273, mientras que en Singapur se ubica en USD 197.

Con el fin de atraer el interés de los inversores privados en el sector, el gobierno ya viene aplicando recursos en los puertos.

Ya se han realizado obras de emergencia, como dragados de profundización en más de 20 puertos, para que los buques puedan ingresar y salir a plena carga, además de mejoras en los muelles. La expectativa es que la inversión pública en el sector alcance los R$ 6.400 millones, de los cuales R$ 3.800 millones serán destinados al dragado de profundización y mantenimiento de canales.  

Una vez finalizados los dragados, el gobierno brasileño promoverá la licitación y la empresa vencedora podrá explotar la terminal por diez años. El mantenimiento será responsabilidad del ganador del proceso licitatorio.

De acuerdo con Hoffmann, otro punto que quiere cambiarse con la MP es el exceso de instancias deliberativas. “No siempre descentralizar es garantizar eficiencia. En ese caso (dos puertos), integrar es el mejor camino”, sostiene la ministra. Ahora, la responsabilidad por los trámites relativos a la actividad portuaria dejará de ser de los consejos regionalizados de la autoridad portuaria (CAPs) y quedará a cargo de la Secretaría Especial de Puertos.

Además la ministra agregó: "No podemos esperar la construcción de puertos públicos. Es mejor autorizar terminales privadas. Vamos a licitar 159 terminales. En la actualidad, sólo el puerto de Santos, opera con un déficit de capacidad de seis millones de toneladas".

El Plan Nacional de Logística Portuaria (PNLP) alcanza a 159 terminales portuarias: 42 son áreas nuevas, 46 tienen contratos vencidos y 71 tienen vencimiento antes de 2017 (de las cuales 42 no tienen posibilidad de ser renovadas).

En 10 años, Brasil deberá invertir US$ 3200 millones en infraestructura de puertos públicos; US$ 1900 millones en dragados, y US$ 1300 millones en accesos terrestres.

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